La Agrupación Hijos Capital afirmó hoy que el negacionismo «es incompatible con la función pública» y destacó el proyecto de ley del oficialismo que establece penas para quienes incurran en esa posición y que será analizado mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Cámara de Diputados.
«La base y motivo de este proyecto es combatir al negacionismo a través de la educación, previniéndolo y erradicando los discursos de odio, poniéndole un límite a quienes respaldan el negacionismo como la etapa final del genocidio y defendiendo la democracia que tanto nos costó conseguir y nos cuesta defender», expresó hoy Hijos regional Capital a través de un comunicado.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados buscará avanzar mañana en un proyecto de consenso entre el oficialismo y la oposición que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad.
Una de las iniciativas que analizará ese cuerpo parlamentario propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado, establece además sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas, y otro la creación de un Observatorio de la Convivencia Democrática.
Para Hijos Capital, «el negacionismo es incompatible con la función pública y las obligaciones de quienes son funcionarios para con ese bien jurídico».
Mañana, a partir de las 10, la iniciativa estará en debate en la comisión que preside Hugo Yasky, en el anexo C de la cámara baja, adonde fueron invitados representantes de los organismos de derechos humanos.
El texto lleva las firmas de los diputados y diputadas Carolina Gaillard, Yasky, Germán Martínez, Daniel Gustavo Gollán, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Mara Brawer, Alejandro Rodríguez, Sergio Palazzo, Gisela Marziotta, Leonardo Grosso, Eduardo Toniolli, Ricardo Daives, Rosana Bertone y Susana Landriscini.
«El contexto de esta presentación es la gran preocupación que nos generan desde ya hace algún tiempo las prácticas y expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio», detalló el comunicado de Hijos Capital.
También destacaron el trabajo realizado junto a Abuelas de Plaza de Mayo, la Fundación Luisa Hairabedian con el apoyo de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, de organizaciones de la colectividad judía, de la comunidad Armenia y de agrupaciones de pueblos originarios para la elaboración del escrito.
El proyecto integral de ley, según explicó la agrupación, consta de tres ejes principales: La definición de un organismo competente en la materia que tenga a su cargo la aplicación; la formación en derechos humanos de manera obligatoria para todas las personas que ocupan funciones públicas y trabajadores del Estado; y la tipificación penal destinada únicamente a funcionarios públicos, con la pena de inhabilitación».
La formación obligatoria para funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado -inspirada en la formulación de la Ley Micaela- se daría a través de un curso de derechos humanos.
Respecto a la tipificación penal, el proyecto promueve «penalizar solamente a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado» mediante un «instrumento legislativo que prohíba ciertas conductas en el ámbito de la administración pública».
De esta manera, la propuesta legislativa plantea una «pena de inhabilitación especial de tres meses a cuatro años, para el funcionario público que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino».
Desde Hijos aclararon que este proyecto no sólo abarca al período comprendido por la última dictadura cívico militar, sino «a todos los crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado, como son el holocausto, el genocidio armenio, la masacre de Napalpí de pueblos originarios, o la triple A, entre otros».
«A lo que apuntamos con este proyecto es que los funcionarios públicos no pueden tener dichos negacionistas que relativicen ni minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado argentino y que, aquellos que lo hagan, reciban una pena de inhabilitación correspondiente en el cargo», señaló Carlos Enrique «Charly» Pisoni en diálogo con Télam, quien será uno de los referentes que expondrá mañana ante la Comisión de Derechos Humanos.
El integrante de la agrupación Hijos señaló que «el corazón» del proyecto apunta a «una educación con perspectiva de derechos humanos» para todos los funcionarios públicos y que haya una «modificación al Código Penal tipificando el negacionismo» para que «los funcionarios públicos que hagan o digan barbaridades negacionistas» sean sancionados.
«Entendemos que el universo de los funcionarios públicos es el primero para arrancar este debate porque un funcionario público, sea un juez, un fiscal, un diputado, un secretario de Estado provincial o municipal, no pueden contrariar las mismas decisiones que dictó el Estado», explicó.
En este sentido, Pisoni ejemplificó: «Si el Estado dice a través de una Ley que en Armenia se cometió un genocidio o a través de una sentencia judicial que la Triple A cometió delitos de lesa humanidad, después no puede un funcionario público contradecir al mismo Estado».
«Esta discusión de tipificar el negacionismo, que organismos nacionales puedan llevar adelante planes educativos a nivel nacional, tiene que ver con la agenda actual de la Argentina que es un país ícono en materia de derechos humanos y que necesita una ley como ya tienen más de 25 países en el mundo», completó Pisoni.
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